La vida después de Cassez



No cabrá duda que el episodio que se vivió apenas horas atrás en el terreno de la justicia en México, en el que se otorgó libertad inmediata a Florence Cassez, invalidando la sentencia previa de 60 años bajo los cargos de secuestro y delincuencia organizada, entre otros, será un parteaguas tal vez no para los procedimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí para la óptica bajo la que serán observados y juzgados por la opinión pública.

No hace falta dorar la píldora mucho; ni debemos darle tantas vueltas al asunto.

¿Le debemos seis años de libertad a Florence Cassez o nos debe ella 54 años de condena?

La justicia ya no puede, ni podrá, responder esa pregunta.

En su columna de este jueves, Jorge Fernández Menéndez lamenta la liberación de la presunta secuestradora francesa no por el sentir general que embargó a la opinión pública, sino porque en el estricto apego a la letra de la ley, nunca sabremos si Cassez Crepin es realmente culpable o no de los delitos que se le imputaron.

A estas alturas no cabe duda que el proceso mediante el cual se enjuició a la francesa estuvo plagado de irregularidades y que está en entredicho que se hayan salvaguardado en todo momento sus derechos humanos, que ninguna persona, sea mexicana o de nacionalidad extranjera debe ser procesada bajo parámetros que no se apeguen a la ley y que debemos a toda costa buscar un proceso limpio para todos los inculpados de un delito, y en especial es cierto que la responsabilidad principal de que hoy Cassez no esté tras las rejas es de Genaro García Luna, y quienes con él trabajaron el caso, al prestarse a toda clase de permisividades, malhechuras y omisiones que abrieron brecha para que una vez en las instancias a las que llegó el caso, se tomara la determinación a la que se llegó ayer. 

De la presunción de inocencia hasta demostrarse lo contrario tampoco vamos a discutir, porque también es un ideal que comparto.

Hablando de otros que opinaron del tema, Leo Zuckermann hasta celebra la decisión de la Corte, y sustenta bajo las mismas premisas generales: juicios transparentes y bien planteados.

Sin embargo, su servidor difiere en un punto, que a nuestro parecer es clave para la paz mental de varios que suscriben: ¿por qué se promovió y aprobó un amparo liso y llano que le daba la oportunidad a un presunto responsable de evadir un futuro proceso?



















No nos necesitan convencer de que el caso es ejemplar para que todos los inculpados de un delito, sean culpables o inocentes, reciban un proceso apegado a derecho, acorde a nuestra constitución y sin abusos o arbitrariedades por parte de la autoridad, como sí lo fue el caso en cuestión, aún así, el mal sabor de boca y el temblor aún fresco en las conciencias de muchos mexicanos es el de cómo la última instancia de justicia del país, no pudo anteponer la posibilidad de dejar en la injusticia a las presuntas víctimas de la banda de "Los Zodiaco" en aras de salvaguardar los derechos humanos de la acusada.

Tampoco nos necesitan convencer del precedente que se sienta para los futuros procesos que rocen en la similaridad con este caso, porque hay muchos que le anteceden y que no serán evaluados, revisados, o corregidos con las mismas premisas, y no sólo porque los pasaportes de los involucrados no sean rojos, azules o de otro color que no sea verde, sino porque simple y llanamente no recibirán la atención mediática que recibió el de Cassez, ni tampoco generan presión extranjera innecesaria como pasó ahora. Ni hablar de los casos que están por venir...

Ya sabemos también que no se estaba estudiando la inocencia o culpabilidad de Florence sino la legitimidad de su proceso.

Nos quedaremos con las ganas, no de ver a Cassez tras las rejas por el simple hecho de tenerla encerrada en Tepepan, sino de que se ejecute la justicia tal y como los magistrados defienden que debe de hacerse, sin violaciones a los derechos humanos de la inculpada, y para ello era suficiente un "amparo para efectos" a manera de desechar las "pruebas contaminadas" y proceder a un nuevo juicio con las pruebas que se sabían legítimas, sin embargo, y de último minuto, se decidió por darle la manera a una sospechosa (en el sentido estricto) de no enfrentar proceso alguno de lo que se le acusa, y así fue como terminó (para ella) la historia.

Ya lo dijimos en nuestra primera reflexión, casi inmediata, acerca de este retorcido caso, el mensaje a los delincuentes es funesto: esperar el mínimo error de la autoridad para ampararse y salir en libertad sin importar su responsabilidad en el delito.

Nos queda muy claro que apegados a la letra, se tomó la decisión correcta, que la SCJN tomó no sólo una decisión moderna sino políticamente correctísima, lo que no nos queda muy cierto, es cómo será para el mexicano común y corriente, el que lee y el que escribe, el inocente y el culpable, la vida después de Cassez.

Por: Orson Ge
Twitter: @Orsonjpg
Fotografía: Noticieros Televisa
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Cachetada doble




Florence Cassez Crepin es el nombre más pronunciado en México este miércoles en que se promovió el amparo liso y llano que dejó en libertad a esta ciudadana francesa que en el sexenio anterior había sido condenada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro y otros cargos.

Oriunda de Lille, poblado francés cercano a la frontera belga en 1974, deja su país 29 años después para migrar a México, presuntamente para integrarse a la banda de secuestradores denominados "Los Zodiaco", mismos que fueron detenidos en 2005 y un día después exhibidos en televisión en un montaje mediático que simulaba la liberación de los plagiados en turno.


Es en ese momento donde inician los problemas que hoy tienen a Florence a la puerta del penal de Tepepan para salir en libertad bajo el amparo que le otorga libertad inmediata, toda vez que Genaro García Luna, ex-secretario de Seguridad Pública accedió a realizar este montaje televisivo denominado como "recreación de los hechos" dando pie a las irregularidades del proceso mismas a las que se agregaron después presuntas violaciones a los derechos humanos de Cassez Crepin y que derivaron en la legitimación del proceso que se llevó a cabo en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que buscó incansablemente un medio para anular las pruebas principales que obligaban al encarcelamiento de la francesa.


El desenlace se ha narrado hasta el cansancio; el resultado derivó en la liberación inmediata de Cassez y la obvia indignación de aquellos que no entienden cómo se dejó en libertad a una persona encontrada culpable de un delito tan repugnante como el secuestro.


Pero también está la frustración de aquellos que reconocemos el sustento del amparo que hoy deja a Cassez en libertad; que el proceso sufrió anomalías desde el origen y que los derechos humanos inherentes a inocentes y delincuentes no se garantizaron en todo momento, que hubo malhechuras y chuecuras dignas de un negocio de barrio que abrieron la brecha legal para que en pocas horas Cassez aborde el vuelo que la llevará de regreso a su tierra de donde muy seguramente no la veremos regresar.


El proceso también pasó por la vía diplomática, cuando en los tiempos de Calderón y Sarkozy hasta la celebración de fiestas en honor a México se echaron por tierra en Francia, y fue un tema que salió a colación más de una vez en los encuentros que Peña Nieto y Hollande sostuvieron en la gira del presidente mexicano previo a su toma posesión por tierras europeas.


Finalmente Cassez verá la luz del día de nuevo desde fuera de un penal, y dice Isabel Miranda de Wallace que "se abre una puerta a la impunidad" y su servidor está de acuerdo: una nueva puerta.




















El mensaje al delincuente es funesto: si de por sí es difícil que se capture al delincuente, ahora se abre la puerta para que tras la detención, un proceso deficiente le abra la posibilidad de salir libre con amparo superponiendo los derechos del criminal sobre los de la víctima como en este caso.

Sin embargo, la pregunta que verdaderamente retumba en este que escribe es:

¿Qué motiva a una magistrada a promover un amparo a favor de un criminal sabiendo que es criminal?

Olga Sánchez Cordero es el nombre de la magistrada que logró la tarde del miércoles 23 de enero de 2012 mediante su proyecto, convencer a sus pares de que las irregularidades del proceso de detención de Florence Cassez, pero no desde el principio. La verdadera puerta se abrió toda vez que Arturo Zaldívar, también magistrado, señaló que su postura era en favor de un amparo liso y llano por el efecto corruptor que el montaje televisivo sobre la detención de Cassez provocó sobre el principio de presunción de inocencia, al dejar en indefensión a la acusada.

El factor de la decepción está una vez más recargado en la cuarteada barda de la autoridad, que con lujo de incompetencia, en el afán de legitimar el emblema del sexenio se prestó para una farsa televisiva que hoy deja en libertad a una delincuente que ya había sido hallada culpable.


Podemos llegar estar de acuerdo en que los derechos humanos de Florence Cassez se pudieran haber llegado a violar en el proceso, sin embargo el desenlace de los hechos y la realidad nunca va poner de acuerdo la respuesta con la siguiente pregunta:


¿Y qué hacemos con los derechos humanos de las víctimas?


El mal sabor de boca está en el saber que la técnica y la rúbrica legal que estriba más en en el apego a la letra que a la aplicación real de la justicia ponga en entredicho y ridículo internacional al sistema de nuestro país, haciéndolo de un modo o de otro en hazmerreir y puntal de dedo, vaya, referente del cómo no se hacen las cosas.


Se nos fue como arena entre las manos la oportunidad de pensar que vivimos ya en otro México, sin embargo se optó por nutrir a la vergüenza y la tristeza de la pobre realidad que rodea el riquísimo, hermoso, cálido y multicolor país en el que nos tocó nacer.


Sólo así (espero) entenderemos que las cosas se tienen que hacer derechas desde el principio o nos toca cachetada doble.

Por: Orson Ge
Twitter: @Orsonjpg







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